Cancún, Quintana Roo, 20 de febrero de 2023.- En los próximos días, los operadores de Uber en Cancún levantarán un escrito ante el Poder Judicial de la Federación, para notificarle a los magistrados en turno la violación de la cual es objeto el fallo a favor del amparo promovido por ellos, para permitir la entrada de Uber al estado.
En entrevista, Carlos Calzado Calzado, socio operador de Uber en Cancún, mencionó que el objetivo de este escrito es “hacerle ver a los jueces” que la secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, el titular del Instituto de Movilidad del Estado (Imoveqroo), Rodrigo Alcazar Urrutia, y la directora de Gobierno, Erika Castillo, “incurrieron en desacato de una orden judicial”, al declarar en varias ocasiones que los socios de esta plataforma digital no podían operar, fomentando con ello actos de violencia en su contra.
Sus declaraciones vienen luego que el diputado local Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, afirmó que la solicitud de juicio político que ingresaron contra estos tres funcionarios era improcedente, pues no acudieron antes con una instancia jurisdiccional para acreditar el presunto desacato.
“Por un lado, pedimos que se sancionen a estos funcionarios conforme a la ley, por el desacato, pero por otro, le estamos quitando el argumento al diputado Hugo Alday, porque si determina la autoridad federal que hay un desacato, ya habría elementos para hacer un juicio político”, agregó.
Calzado Calzado señaló que los socios de Uber, que han sido agredidos por taxistas de Cancún, tienen todos los argumentos para demostrar que dichos funcionarios “están fomentando la violencia, la inseguridad, y las agresiones por parte de los sindicatos de taxis”.
El socio de Uber refirió que la declaración hecha por el diputado Hugo Alday fue bastante desafortunada, porque, dijo, “pareciera que va marcando la línea sobre un posible juicio político” contra los funcionarios arriba mencionados.
“Se está adelantando a ofrecer un resultado de un trabajo que no han hecho, y es irregular y una violación a los derechos humanos. Además, antes de decir a los medios, debe de comunicar ante los promoventes, por escrito, y no hacer una declaración, y además con un resultado”, dijo.
