Multiplican amparos contra el Tren Maya

por Frente QR
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Cancún, Q. Roo, a 02 de junio de 2022.- A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que las resoluciones judiciales contra el tramo 5 Sur del Tren Maya ‘no van a poder detenernos’, hay otros dos juicios de amparo que amenazan con hacer sombra al proyecto emblemático de la Cuarta Transformación.

De seis impugnaciones legales que se mantienen activas contra el tren turístico de Playa del Carmen a Tulum, un par de juicios gozan de medidas cautelares provisionales que podrían convertirse en definitivas, como ocurrió en el juicio promovido por tres buzos de Playa del Carmen representados por José Guillermo Urbina, a quienes se concedieron medidas cautelares el lunes pasado.

Como parte de los litigios, el apoderado legal de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., Marco Aurelio Colín Hinojosa, notificó al juez Primero de Distrito con sede en Yucatán (donde se concentran todos los litigios), Adrián Fernando Novelo Pérez, que sobre el tramo impugnado se ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual estará bajo una consulta ciudadana hasta el 17 de junio próximo.

En los juicios donde hay ‘focos rojos’ contra el Tren Maya, el representante legal de la empresa presentó físicamente cinco volúmenes que contienen más de seis mil 500 cuartillas del citado documento ambiental, con el objetivo de combatir los reclamos legales sobre los cuales se pudieran conceder otras medidas cautelares o sentencias definitivas que retrasarían el programa de trabajo proyectado para concluir en diciembre del año próximo, y la posterior ejecución completa de la obra programada para septiembre de 2024.

Y para evitar un nuevo juicio, el mismo representante legal notificó también al juez federal que en breve iniciará el mantenimiento de la carretera federal 307, de Cancún a Tulum, ‘ya que ésta necesita mantenimiento y reparación para ser entregada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes’, con la aclaración de que esos trabajos no fueron objeto de los alcances de la medida cautelar dictada.

El juicio de garantías 29745042 promovido por las habitantes de Tulum, Kosby Tania Ramírez González (representante), Bernardette Carrión Van Rijin e Imelda Jazmín Kinil Pech, está a la espera del sentido de la suspensión definitiva sobre el mismo tramo del proyecto turístico, luego de concederse la suspensión provisional el 18 de abril pasado.

Como parte del caso, las mujeres quejosas reclamaron la omisión de proteger un medio ambiente sano, ‘por la devastación de la selva ocasionada por las obras del proyecto Tren Maya’.

Igualmente ocurre en el juicio de amparo 29745075 promovido por la asociación civil Cenote Republic de Tulum, que a través de su presidente, Luis Martín Leal Meneses, obtuvo medidas cautelares provisionales por los mismos reclamos y en la misma fecha que el caso anteriormente citado.

OTROS JUICIOS

En el mismo juzgado Primero de Distrito de Yucatán se analiza también el expediente 29866048 que iniciaron personas cuyos nombres tienen las iniciales L.A.P.E., J.L.D.A., P.A.G.G., J.P.M., O.A.H.R., A.R.P., T.S.L.C., V.B.A., R.J.N., M.A.R.R., E.G.M. y M.A.M.G, al que se le negó la suspensión provisional el 25 de abril pasado.

En esa solicitud de amparo se acusó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la empresa Fonatur Tren Maya de omitir frenar la construcción del proyecto ferroviario, a pesar de los daños ocasionados a la selva, al acuífero, ríos subterráneos, cenotes, cavernas y cuevas que forman parte de los sistemas subacuáticos Dos Ojos-Sac Actún, Pool Tunich (Río Secreto), Sac Muul y Alux, además, al hábitat de especies endémicas y de otras en peligro de extinción.

Otro asunto legal activo lo encabeza la asociación civil ‘Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano’ representada legalmente por Antonella Vázquez Cavedón, a quien se le negó también la suspensión provisional el 29 de abril del presente año.

El reclamo obedeció a la falta de permisos y autorizaciones ambientales para la planeación, ejecución y desarrollo del Tramo 5, y las declaratorias de los decretos expropiatorios de 7.7 millones de metros cuadrados de suelo propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum (enero pasado), para destinarse a la construcción de obras de infraestructura pública.

El último asunto en análisis tiene el número 30030625 con el que Alejandra Pizarro Suárez y Cordero impugnó igualmente la Declaratoria de Utilidad Pública de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), luego de afectarse un terreno de su propiedad en Solidaridad.

En opinión de la quejosa, las autoridades omitieron realizar una notificación personal que la mantiene con temor de que su terreno se ocupe para realizar el proyecto turístico, aunque al no comprobar todavía alguna afectación le fue negada la suspensión provisional el 24 de mayo.

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